Un nuevo informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO) expone el papel del comercio de energía en permitir el genocidio y la expansión colonial contra los palestinos y el Golán sirio ocupado.
La investigación arroja luz sobre cómo el comercio exterior y la inversión en el sector energético israelí contribuyen a graves crímenes internacionales, como el genocidio en Gaza, la ocupación ilegal y el mantenimiento de una presencia colonial ilegal. El informe confirma la urgente necesidad de responder a nuestro llamamiento colectivo en favor de un embargo energético mundial a Israel, que ponga fin a las exportaciones, importaciones y tránsitos de energía hacia y desde Israel.
Este informe se publica en un momento de creciente reconocimiento internacional de los crímenes israelíes contra la humanidad, incluido el crimen de Apartheid y el crimen de Genocidio contra el pueblo palestino. También se publica cuando Israel está cometiendo masacres implacables y continuos actos genocidas en Gaza, al tiempo que amplía su presencia colonial en el Golán sirio ocupado.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra criminales de guerra israelíes, y en diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó dos sentencias críticas en 2024, una en relación con la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito de genocidio contra el pueblo palestino y otra reafirmando la ilegalidad de la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Ambas sentencias hacían hincapié en que los terceros Estados deben evitar los tratos económicos y comerciales que consoliden esta situación ilegal y prevenir el genocidio.
Un genocidio no se sostiene por sí solo. El informe revela que las operaciones militares de Israel dependen en gran medida de la importación de petróleo crudo y combustibles refinados, como combustible para aviones, gasolina y gasóleo. Sólo en el último año, los suministros procedentes de Estados Unidos, Grecia, Italia y Brasil han servido de apoyo a estas operaciones. La energía exportada también contribuye al sostenimiento de la industria ilegal de los asentamientos. La red eléctrica de Israel -alimentada por gas natural (70%), carbón (17,5%) y energías renovables (10%)- abastece tanto a las infraestructuras civiles como a los asentamientos ilegales. El comercio de carbón procedente de países como Rusia y Sudáfrica y las inversiones extranjeras en proyectos de extracción de gas y energías renovables apoyan directamente estas infraestructuras, violando las obligaciones internacionales.
El informe pide a todas las empresas implicadas en la cadena de suministro energético que refuercen la diligencia debida para garantizar que sus operaciones no contribuyen a crímenes internacionales, insistiendo en que las empresas implicadas en el suministro de combustibles o que invierten en proyectos energéticos de Israel corren el riesgo de ser responsables de complicidad en crímenes internacionales. Los Estados deben poner fin a la exportación y el tránsito de combustible militar para reactores, petróleo crudo y otros combustibles hacia Israel, a menos que pueda garantizarse su uso no militar. Del mismo modo, los Estados deben poner fin a las exportaciones de carbón a Israel cuando su uso apoye los asentamientos ilegales, considerados un crimen de guerra.
Por último, los gobiernos deben regular e impedir las inversiones en proyectos energéticos que afiancen la ocupación militar ilegal y la expansión colonial de Israel en Palestina.
Las conclusiones de este informe confirman lo que sabemos. Los Estados que siguen comerciando con energía con Israel están alimentando el genocidio y la desposesión de los palestinos. No es sólo una obligación moral, sino legal, utilizar todos los medios disponibles, especialmente para aquellos Estados con fuertes vínculos económicos, para desinvertir y suspender sus exportaciones e importaciones de energía. La comunidad internacional sigue siendo cómplice