A la atención de todos los gobiernos con aguas territoriales y puertos en el Mar Mediterráneo y el Golfo de México
RE: Obligaciones jurídicas internacionales de los Estados en relación con el tránsito de combustible militar con destino a Israel a bordo del Overseas Santorini y del Overseas Sun Coast.
Nos dirigimos a usted como grupo de juristas, académicos y analistas para expresar nuestra preocupación por el tránsito de combustible militar para aviones con destino a Israel a bordo de los buques Overseas Santorini y Overseas Sun Coast, en violación de las obligaciones jurídicas internacionales que incumben a los Estados.
Overseas Santorini y Overseas Sun Coast.
El combustible militar para reactores, suministrado por la petrolera Valero en nombre del gobierno estadounidense, está siendo transportado desde Corpus Christi (Texas) al puerto de Ashkelon (Israel). Este combustible incluye queroseno y JP-8 utilizados para los aviones de guerra F16 y F35 de la Fuerza Aérea de Israel, entre otros. Estos cargamentos son transportados por los petroleros Overseas Santorini y Overseas Suncoast cada 2 meses. 1
Durante años, estos buques han transitado por aguas territoriales de Estados del Golfo de México y el Mediterráneo, atracando normalmente en el puerto de Algeciras (España) y haciendo escala también en Limassol (Chipre), antes de llegar a su destino en Ashkelon (Israel). 2
El 2 de agosto de 2024, el Overseas Santorini navegaba por el Mediterráneo en dirección a Israel y se calcula que iba a entregar 300.000 barriles de combustible militar a Israel. 3 En este viaje, el buque trató inicialmente de atracar tanto en Algeciras (España) como en Gibraltar, pero no pudo hacerlo tras la importante presión pública, política y mediática para que se le prohibiera atracar en cualquiera de estos puertos. Desde entonces ha desconectado su sistema de seguimiento AIS, pero las imágenes por satélite confirman que se dirige hacia el este, en dirección a Israel. 4
El Overseas Suncoast zarpó recientemente de Israel y se encuentra actualmente en el Mar Balear, en la costa este de España, aunque su próximo puerto de escala sigue sin estar claro. 5
Obligaciones jurídicas internacionales
Por las razones aquí expuestas, sostenemos que permitir que estos buques suministren combustible militar a Israel en este momento, ya sea permitiendo su tránsito por aguas territoriales de los Estados o abasteciéndolos en puertos bajo jurisdicción de los Estados, supondría un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados.
En su decisión sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de Palestina, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha subrayado el carácter estructural, sistémico y grave de las violaciones cometidas por Israel en la Palestina ocupada. En efecto, el tribunal pidió a los Estados que se abstuvieran de cualquier «trato económico que pueda consolidar su presencia ilegal [de Israel] en el territorio«, 6 que «tomaran medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios palestinos ocupados», 7 y que «no prestaran ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados» 8, entre otras obligaciones. Esta decisión se hace eco de muchas de las conclusiones del dictamen de la CIJ sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los territorios palestinos ocupados. 9
El 30 de julio de 2024, los relatores especiales de la ONU comentaron que el dictamen de la CIJ «reafirma normas imperativas que prohíben la anexión, los asentamientos, la segregación racial y el apartheid, y debe considerarse de naturaleza declarativa y vinculante para Israel y todos los Estados que apoyan la ocupación», y que «los Estados deben revisar inmediatamente todos los vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluidos los empresariales y financieros, los fondos de pensiones, el mundo académico y las organizaciones benéficas». 10
Esta decisión debe leerse en relación con las medidas provisionales dictadas en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 en el caso de Sudáfrica contra Israel en la CIJ, que compromete el deber estatal de prevenir el genocidio. Este deber impone a los Estados la obligación positiva de adoptar todas las medidas a su alcance para proteger a la población en peligro. 11 Además, esta decisión advierte a los Estados de su posible complicidad en el genocidio a través de actos materiales de apoyo al Estado perpetrador. Estas obligaciones se ven respaldadas por numerosos argumentos presentados por juristas, activistas y funcionarios de las Naciones Unidas. 12
Junto con el deber de prevenir el genocidio, los terceros Estados tienen la obligación de no prestar asistencia a otros crímenes internacionales. La solicitud de órdenes de detención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional indica que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad mediante bombardeos aéreos en Gaza. 13
En relación con el combustible para aviones específicamente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en abril de 2024 después de una votación de los Estados miembros, pide un embargo de armas y los Estados:
Expresando su profunda preocupación por el hecho de que la venta, el desvío y las transferencias de armas y combustible de aviación aumentan la capacidad de Israel, la Potencia ocupante, para cometer graves violaciones, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, hacen caso omiso del derecho internacional y socavan gravemente el disfrute de los derechos humanos».
Y pidió a los Estados que:
«Cesen la venta, la transferencia y el desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de impedir nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y se abstengan, de conformidad con las normas y reglas internacionales, de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos de «doble uso», cuando consideren que existen motivos razonables para sospechar que dichos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o abusar de los derechos humanos» 14
El combustible militar para reactores suministrado por el Overseas Santorini y el Overseas Sun Coast está específicamente diseñado para su uso en aviones de guerra. 15 El aprovisionamiento de estos buques en los puertos, o la facilitación del tránsito por parte de cualquier Estado a través de sus aguas territoriales a Israel, que está perpetrando una ocupación ilegal y un genocidio plausible, implicaría al Estado facilitador en estas graves ilegalidades, contravendría el deber internacional del Estado de cooperar para poner fin a las graves violaciones del derecho internacional y prevenir el genocidio, además de socavar el deber de no reconocimiento de la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel.
Nuestra recomendación
En cumplimiento de estas obligaciones legales, recomendamos a los Estados que denieguen el permiso a cualquiera de estos buques para transitar por las aguas territoriales de los Estados o para aprovisionarlos en los puertos bajo jurisdicción de los Estados. No hacerlo podría suponer un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales y complicidad en las violaciones del derecho internacional que está cometiendo Israel.
Signed,
| Ahmad Abuznaid | Executive Director, US Campaign for Palestinian Rights |
| Dr Amina Adanan | Assistant Professor, Lecturer in Law School of Law and Criminology, Maynooth University |
| Wesam Ahmad | Head of Al-Haq Center for Applied International Law |
| Wout Albers | Attorney, Partner & Founder, Global Justice Association, Netherlands, Colombia and Italy |
| Eduardo Melero Alonso | Associate Professor, Administrative Law, Universidad Autónoma de Madrid |
| Azril Mohd Amin | Lawyer, Chair of Centre for Human Rights Research & Advocacy (CENTHRA), Malaysia |
| Huwaida Arraf | Human Rights Attorney, United States |
| Dylan Asafo | Senior Lecturer, University of Auckland |
| Dr Rhiannon Bandiera | Lecturer In Criminology and Co-Director, Research Centre in International Justice, School of Law and Criminology, Maynooth University |
| Sõzarn Barday | Attorney, South Africa |
| Phyllis Bennis | Director of New Internationalism Project at Institute for Policy Studies, Washington DC |
| Prof. Gill H. Boehringer | Hon. Professor, Macquarie University School of Law |
| Emeritus Prof. Bill Bowring | Birkbeck College, London |
| Francis A. Boyle | Professor of International Law, University of Illinois |
| Nadia Silhi Chahin | PhD(c), Edinburgh Law School |
| Dr Tanzil Chowdhury | Associate Professor in Public Law and Director of the Centre for Law and Society in a Global Context, Queen Mary, University of London |
| Dr Cian Ó Concubhair | Assistant Professor, Maynooth University |
| Dr. Luigi Daniele | Senior Lecturer in International Law, Nottingham Law School |
| Raj Daya | Executive Committee, South African Lawyers for Palestine |
| Lamis J. Deek | Attorney, Director of Diplomatic and Legal Affairs for PAL Commission on War Crimes, Justice, Reparations and Return |
| Prof. Loucia Dimitriou | School of Education and Social Sciences, Frederick University, Cyprus |
| Noura Erakat | Professor, Rutgers University, New Brunswick |
| Organisation | European Legal Support Centre |
| Jodie Evans | Co-founder, CODEPINK |
| Ola Fæhn | Advokat, Norway |
| Leilani Farha | Human Rights Lawyer & Former UN Special Rapporteur on the right to housing |
| Dr. Ken Fero | Assistant Professor, Coventry University |
| Leandros Fischer | Assistant Professor, Aalborg University, Denmark |
| Daan de Grefte | Legal Officer at the European Legal Support Center |
| Prof. Jeroen Gunning | Professor of Middle East Politics and Conflict Studies, King’s College London |
| Dr. Shahd Hammouri | Lecturer in International Law, University of Kent |
| Dr. Ardi Imseis | Associate Professor of International Law, Queen’s University, Canada |
| Adam Jad | Palestinian Human Rights Lawyer, Gaza |
| Aonghus Kelly | International Lawyer |
| Ayoub Khan | Barrister, Member of Parliament for Birmingham Perry Barr, United Kingdom |
| Daniel Kovalik | PAL Law Commission on War Crimes, Justice, Reparations and Return |
| Lydia de Leeuw | Researcher, SOMO, Netherlands (Centre for Research on Multinational Corporations) |
| Gerry Liston | Senior Lawyer, Global Legal Action Network |
| Prof. Michael Lynk | Associate Professor at the Faculty of Law, Western University, London, Ontario |
| David L. Mandel | Human Rights Attorney, Sacramento, California, USA |
| Craig Mokhiber | International Human Rights Lawyer, former UN human rights official |
| Maimoona Mollah | All India Democratic Women’s Association, President of the Delhi Committee |
| Gilda Morket | Human Rights Activist |
| Dr Clíodhna Murphy | Associate Professor, Maynooth University |
| Dr. Ahmad Farouk Musa | Director, Islamic Renaissance Front, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Ousman Noor | Barrister, Bar Council of England and Wales |
| Declan Owens | Solicitor, Ecojustice Ireland |
| Ziyaad Ebrahim Patel | International Human Rights Attorney, South Africa |
| Dr. Nicola Perugini | Associate Professor, Political and International Relations, University of Edinburgh |
| Dr. Marie Petersmann | Assistant Professorial Research Fellow, LSE Law School, London |
| Dr. Katarina Pijetlovic | Professor of Law at Católica Global School of Law, Portugal |
| Dr. Maria Rashid | Fellow, Department of Gender Studies, London School of Economics |
| Dr. John Reynolds | Associate Professor of International Law, Maynooth University, Ireland |
| Dr. Sheetal Soni | Senior Lecturer, University of KwaZulu-Natal, South Africa |
| Dr Irene Sotiropoulou | Independent Lawyer |
| Mohammad Tay | President of the Qana Observatory and head of the Arab Ummah Tribunal |
| Dr. Mark B. Taylor | Author of ‘War Economies and International Law’ (Cambridge, 2021) |
| Dr. Lisa Tilley | Senior Lecturer, SOAS, University of London |
| Ann Wright | Retired US Army Colonel and former US diplomat |
| Pablo Andrés Araya Zacarias | Lawyer, Master in Criminal Law, Member of PAL Law Commission for Latin América |
This letter remains open for co-signatures from international law practitioners, academics and analysts until Friday 9th August 2024.
To co-sign, please email info@palenergyembargo.com with your name and position and confirmation that you consent to your name being added to the ‘legal obligations on military fuel’ letter. Names of co-signatories will be listed in alphabetical order by surname. Thank you.
_________
- ‘Fuelling the Flames in Gaza’, SOMO, Netherlands, May 2024, ‘Israeli crude and fuel supply chains’, Oil Change International (provided by Data Desk), 8th March 2024
- Ibid.
- ‘Tanker carrying jet fuel for Israel must not dock in Gibraltar, say MPs’, The Guardian, 29th July 2024.
- For most recent AIS tracking data for the Overseas Santorini see Marine Traffic, Overseas Santorini, note: the tracking data’s latest update was at 17:22, 31st July 2024
- See Marine Traffic: Overseas Sun Coast
- Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion (19 July 2024), para.278.
- Ibid. para.278.
- Ibid. para. 279.
- International Court of Justice, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the OPT , 9th July 2004
- ‘Experts Hail ICJ Declaration on Illegality of Israel’s Presence in the Occupied Palestinian Territory as Historic for Palestinians and International Law’, UN Office of the High Commissioner on Human Rights, 30th July 2024
- The ICJ clarified in the Bosnia v Serbia case that a State is responsible for complicity if “its organs were aware that genocide was about to be committed or was under way, and if the aid and assistance supplied, from the moment they became so aware onwards, to the perpetrators of the criminal acts… enabled or facilitated the commission of the acts.’’ Irene Pietropaoli ‘Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza’ SOMO, 5 June 2025
- ‘Arms exports to Israel must stop immediately: UN experts’,UN Office of the High Commissioner on Human Rights, 25 February 2024. ‘States and companies must end arms transfers to Israel immediately or risk responsibility for human rights violations: UN experts’, UN Office of the High Commissioner of Human Rights, 20 June 2024. Review: Al Haq ‘Ending Complicity in International Crimes: a Two-Way Arms Embargo on Israel’, 8th November 2023
- Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine, International Criminal Court, 20th May 2024
- Human Rights Council ‘Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice’ (16 April 2024) UN Doc. A/HRC/RES/55/28 at para.14.
- Its distinct military use may render it a component of weapons for the purpose of legal assessment. Andrew Clapham, Stuart Casey-Maslen, Gilles Giacca, Sarah Parker ‘The Arms Trade Treaty: A Commentary’ (OUP, 2016) at 4.09 and 4.16.